En contra de la prisión permanente revisable proliferan postulados que consideran que su instauración como instituto jurídico y su eventual aplicación podrían resultar vulneradores de los Artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española. El silogismo es el siguiente:

Habida cuenta de la taxatividad del Artículo 25 CE a la hora de establecer como el fin último de toda pena privativa de libertad la reeducación y reinserción social de los penados, cabría buscar en la prisión permanente otros fines distintos a los previstos en el citado precepto, y más asociados al carácter retributivo de la pena. Este cuestionamiento del Artículo 25 CE que puede entreverse en un primer análisis de la figura de la prisión permanente implicaría “per se” la imposición al ciudadano de un trato degradante difícilmente justificable, contrario por tanto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (derechos fundamentales recogidos respectivamente en los artículos 10 y 15 de la Carta Magna española).

En mi opinión no cabe desconocer en ningún caso estos argumentos pues parece innegable que la prisión permanente como tal, resulta claramente vulneradora de los aludidos derechos constitucionalmente protegidos. Idéntica conclusión debe alcanzarse en cuanto a la prisión permanente instituida con el carácter de revisable, en caso de que su aplicación se estableciera como una pena esencial dentro de nuestro Código Penal o con vocación de ser vertebradora del sistema penológico en su conjunto.

Sin embargo, según nuestro criterio, la prisión permanente será constitucional y encontrará encaje con el resto de derechos fundamentales previstos en la Constitución Española siempre que se instituya con acogimiento de los siguientes caracteres:

– Que sea efectivamente “revisable”, es decir, que integre necesariamente el carácter de “provisionalidad”. Naturaleza de la pena que sí está expresamente incluida en nuestro Código Penal.

Que su ámbito de aplicación se restrinja y acote exclusivamente para una serie de delitos concretos de extremada gravedad y para supuestos de perfiles delictivos de contrastada dificultad de rehabilitación y reinserción social. En este caso se reserva para asesinatos agravados, homicidios del Rey o del príncipe heredero y de jefes de Estado extranjeros, así como a los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad con homicidio o con agresión sexual.

– Que se establezcan por ley de manera clara, precisa y razonable por medio de cauces legales con las garantías suficientes, los mecanismos procesales y los criterios materiales para la revisión de la pena. En este caso los hallamos en el Artículo 92 del Código Penal, tras su última reforma.

Si se dan estos requisitos, desde mi punto de vista la prisión permanente revisable no solo no es contraria al artículo 25 de nuestra Constitución, sino que además considero que es necesaria a fin de dar cumplimiento al mandato que emana de dicho precepto y que obliga al estado a reglar e imponer las penas privativas de libertad con el fin último de alcanzar la reinserción del reo.

Y es que es notoria y pacíficamente reconocida por la doctrina, la dificultad de reinserción social de determinados perfiles delictivos, de modo que las penas privativas de libertad tradicionales en muchos casos agotan su duración máxima sin que se haya alcanzado el fin de reinserción social perseguido, de manera que se desobedece el fin impuesto por el Artículo 25 CE, dado que el reo habrá pasado parte de su vida en prisión inútilmente en lo que a su reeducación se refiere, siendo difícil en estos casos justificar la condena sufrida en aras de dicho fin. por ello que para estos casos concretos únicamente la prisión permanente revisable puede garantizar que el reo termine su condena y sea de nuevo devuelto a la sociedad como un ciudadano rehabilitado e integrado socialmente.

             Los casos mediáticos actualmente susceptibles de ser castigados con esta pena, reflejan crímenes tan exageradamente graves, y de tal desvalor social y crueldad, que proyectan en la mayoría de los casos perfiles de los delincuentes que hacen prever una difícil reinserción a corto o medio plazo. La imposición de una pena por tiempo determinado bien podría conllevar su extinción y devolución del reo a la sociedad sin que el proceso de reinserción se haya completado y por tanto, incumpliendo el mandato del Artículo 25 CE.

José Ignacio Antolín Esguevillas

            Letrado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

            Miembro adscrito de las secciones de derecho penal y derecho bancario del ICAM

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