Quien compra una vivienda y la recibe tarde tiene derecho a ser indemnizado con lo que valía usarla durante ese tiempo. No tiene que probar que alquiló otra, ni que perdió una venta, ni que sufrió un perjuicio concreto: el daño se presume, porque la cosa habla por sí misma.

Es una sentencia que no inventa nada. Pero cierra, con claridad y en 2026, una puerta por la que las promotoras llevaban años intentando escapar.

El caso

Una promoción de viviendas de protección pública en el Ensanche de Vallecas: 159 viviendas con trasteros y plazas de garaje. Los contratos privados de compraventa, firmados en 2003 y 2004, fijaban la entrega en 24 meses desde la licencia de obras. La licencia se concedió el 11 de agosto de 2005, así que las viviendas debían entregarse el 11 de agosto de 2007. Las escrituras no se firmaron hasta julio y agosto de 2008. Un año de retraso.

Setenta compradores demandaron a la promotora. No reclamaron facturas de alquileres ni gastos concretos. Reclamaron, sencillamente, el valor de uso de la vivienda que no habían podido disfrutar durante ese año, calculado con el módulo de alquiler que la Comunidad de Madrid fijaba para las viviendas protegidas: entre 8.800 y 17.600 euros por comprador.

El juzgado desestimó la demanda. Reconoció el retraso, pero entendió que el daño no estaba probado: nadie había acreditado haber alquilado otra vivienda mientras esperaba. La Audiencia Provincial de Madrid revocó esa sentencia y condenó a la promotora a pagar todas las cantidades reclamadas. La promotora recurrió en casación. Y el Supremo le ha dicho que no.

Lo que dice el Tribunal Supremo

La regla general en responsabilidad contractual es conocida: incumplir no basta, hay que probar el daño. El Supremo lo recuerda. Pero también recuerda que esa regla tiene una excepción asentada desde hace décadas: los casos en que el daño se deduce «necesaria y fatalmente» del propio incumplimiento, en que el perjuicio es patente, evidente, incontrovertible. Es la doctrina del daño ex re ipsa: la cosa habla por sí misma y no hace falta prueba.

La cuestión era si el retraso en entregar una vivienda entra en esa excepción. La promotora sostenía que no, apoyándose en la STS 290/2014, de 10 de septiembre, que exigió al reclamante probar el lucro cesante derivado de un retraso. Los compradores se apoyaban en la STS 623/2014, de 18 de noviembre, que había indemnizado a los compradores de una promoción gaditana con el valor de uso de sus viviendas sin exigir prueba adicional del daño.

El Supremo se queda con la segunda y explica por qué no hay contradicción. La 290/2014 resolvía una permuta de solar por obra futura, con un lucro cesante empresarial que, como cualquier ganancia dejada de obtener, exige prueba. La 623/2014, igual que una sentencia anterior de 23 de julio de 1997 que la Sala rescata expresamente, resolvía exactamente lo mismo que aquí: compradores de vivienda que la reciben tarde. Y en ese supuesto, dice la Sala, el perjuicio es evidente: la vivienda satisface «una necesidad existencial con una cualificación evidente», y no poder disponer de ella «supone una pérdida de valor». Es un daño mínimo que el incumplimiento produce de suyo.

Hay un matiz que merece atención, porque es lo más aprovechable del fallo. La Audiencia había razonado que la presunción se aplicaba porque los compradores querían la vivienda para vivir en ella y no para especular. La promotora atacó esa distinción. Y el Supremo, en lugar de defenderla, la desborda: la indisponibilidad de la vivienda produce un daño «ya sea por no poder usarla personalmente o por no poder arrendarla». Da igual que el comprador fuera a vivir en ella o a alquilarla. Lo que cuenta es que lo no entregado era una vivienda. El comprador-inversor queda, por tanto, igualmente protegido.

Cuánto se indemniza

El valor de uso se traduce en el alquiler de una vivienda de características similares durante el tiempo que duró el retraso. En viviendas protegidas, como ocurría aquí y como ocurría en 1997, la renta está fijada legalmente, así que el cálculo es casi aritmético: metros por módulo por meses. En vivienda libre, la presunción del daño sigue operando, pero el precio del alquiler habrá que acreditarlo con un informe pericial o con testigos de mercado. Lo que se presume es que el daño existe; lo que hay que cuantificar es cuánto vale.

Conviene decirlo con precisión: la cuantificación no fue objeto del recurso de casación. El Supremo la da por buena porque así se pidió y así se concedió, pero no sienta regla alguna sobre cómo calcularla en otros supuestos.

Lo que no es novedad, y lo que sí

Un lector atento se preguntará si esto es doctrina nueva. No lo es, y conviene no presentarlo así. La Sala Primera venía diciendo lo mismo desde 1997 y lo había fijado con claridad en 2014. Lo que aporta la sentencia de 2026 es, primero, confirmar que esa línea sigue plenamente vigente doce años después, frente a un intento serio de desplazarla; segundo, formular el fundamento con una fórmula general, la de la vivienda como bien que satisface una necesidad existencial; y tercero, rechazar expresamente que la finalidad del comprador, vivir o alquilar, condicione la presunción. Son precisiones, no rupturas. Pero son precisiones que cierran el debate.

Aviso a las promotoras

Lo relevante de esta sentencia no es tanto jurídico como económico, y afecta directamente a la gestión del riesgo de cualquier promoción.

La defensa clásica ha dejado de servir. Alegar que el comprador no ha probado que alquilara otra vivienda, que vivía con su familia, que no tuvo un perjuicio real, ya no conduce a nada. Al comprador le basta con probar dos fechas: la pactada y la de entrega. A partir de ahí, la carga se desplaza de hecho a la promotora, que es quien tendrá que acreditar una causa que la exonere. En este caso ni el certificado final de obra, ni la calificación definitiva, ni la licencia de primera ocupación, todos posteriores al plazo, sirvieron para ello.

La reclamación es seriada. Si el daño es el valor de uso y el parámetro es objetivo, la cuenta se repite comprador a comprador. Setenta demandantes, entre 8.800 y 17.600 euros cada uno, más los intereses legales desde la demanda y las costas de tres instancias. Un año de retraso en una promoción de este tamaño supone una contingencia próxima al millón de euros. Y son pleitos muy atractivos para asociaciones de afectados, porque la prueba es sencilla y el resultado, previsible.

La exposición dura más de lo que se cree. Aquí el retraso fue de 2007 a 2008 y la demanda se presentó en octubre de 2017, dentro de los quince años que entonces concedía el artículo 1964 del Código Civil. El plazo actual es de cinco años, pero sigue corriendo después de la escritura. Firmar ante notario sin que el comprador formule reserva alguna no purga el retraso.

El contrato es la única protección real, y hay que redactarlo bien. La cláusula de este caso fijaba el plazo «desde la concesión de la licencia municipal de obras, una vez finalizada la construcción y obtenidas las autorizaciones administrativas pertinentes». Ese inciso final no sirvió para mover la fecha. Lo que protege es una cláusula de prórroga tasada por causas definidas, como retrasos administrativos ajenos a la promotora o fuerza mayor acreditada, y, en su caso, una cláusula penal que liquide de antemano el daño por retraso. Con una cautela: frente a consumidores, una cláusula que simplemente exonere o limite la responsabilidad podría declararse abusiva, de modo que es más viable una penalización razonable que una exclusión.

¿Hasta dónde puede llegar esta doctrina?

La sentencia habla de viviendas. Pero la lógica que emplea, la del daño que se deduce necesariamente del incumplimiento, invita a preguntarse por otros supuestos. Lo que sigue es análisis, no doctrina fijada.

El primero es el del vendedor particular. Si quien entrega tarde no es una promotora sino un propietario que vende su vivienda de segunda mano, no parece haber razón para un trato distinto: el bien es el mismo y la privación de uso, idéntica. La doctrina debería operar igual, aunque el Supremo no lo haya dicho con estas palabras.

El segundo es el de las cooperativas de viviendas y sus gestoras. El cooperativista no compra a un promotor, pero recibe una vivienda en un plazo comprometido. La relación es distinta, societaria más que contractual, y el responsable del retraso puede ser la propia cooperativa, la gestora o el constructor. La presunción del daño podría trasladarse, pero el problema estará en identificar contra quién se dirige la reclamación.

El tercero es el que más interesa a quienes están al otro lado de la mesa: el constructor que demora la obra frente al promotor. Aquí conviene ser cuidadoso. El promotor no es un comprador de vivienda; es un empresario que sufre un retraso en su negocio. Sus ganancias dejadas de obtener, ventas frustradas, financiación prolongada, siguen bajo la regla de la STS 290/2014: lucro cesante que hay que probar. La doctrina del daño ex re ipsa no le alcanza en ese plano. Pero hay otro plano en que la sentencia de 2026 le ayuda indirectamente. Si el promotor, por culpa del retraso del constructor, acaba condenado a indemnizar a los compradores, esas indemnizaciones ya no son una ganancia hipotética: son un daño emergente real, pagado y documentado, que podría repetir frente al constructor al amparo del artículo 1101 del Código Civil. Y la previsibilidad que exige el artículo 1107 para el deudor no doloso difícilmente podrá negarse: un constructor que ejecuta una promoción ya comercializada sabe que cada mes de retraso en la obra es un mes de retraso en la entrega. Cuanto más automática sea la responsabilidad de la promotora frente a los compradores, más previsible y más fácil de cuantificar es el daño que el constructor le causa. La cadena se cierra sobre quien provocó el retraso, siempre que el contrato de obra no diga otra cosa y que el promotor haya cumplido su parte.

El cuarto, en el extremo opuesto, es el que probablemente quede fuera. Locales comerciales, oficinas, naves. La sentencia fundamenta la presunción en que la vivienda satisface una necesidad existencial. Un local no la satisface; satisface una expectativa de negocio. Ahí, salvo que la jurisprudencia diga otra cosa, seguirá rigiendo la regla general y el adquirente tendrá que probar lo que dejó de ganar.

Si ha recibido su vivienda con retraso, o si gestiona una promoción y quiere revisar cómo están redactados sus plazos de entrega, nuestro equipo de abogados especializados en litigios contra promotoras y constructoras puede estudiar su caso.

Resolución comentada. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, Sentencia núm. 1410/2026, de 10 de septiembre de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:3730). Recurso de casación núm. 7999/2021. Ponente: Excma. Sra. D.ª Nuria Auxiliadora Orellana Cano. Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 18.ª, núm. 285/2021, de 5 de julio. Precedentes aplicados: SSTS 623/2014, de 18 de noviembre, y 290/2014, de 10 de septiembre.

Esta nota tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Los datos personales de las partes han sido omitidos conforme a la normativa de protección de datos.

Presentamos demanda de cumplimiento forzoso del contrato y el juzgado nos ha dado la razón en primera instancia: condena al vendedor a entregar el lote. Explicamos por qué.

Lo que reclamamos

Cuando un bien se pone a subasta y otro puja y resulta adjudicatario, hay oferta y aceptación: existe contrato de compraventa (arts. 1445 y siguientes del Código Civil). Como nuestro cliente había cumplido su parte, el art. 1124 CC le permitía exigir la entrega de la cosa, no solo la devolución del precio. Y como la plataforma ya le había reembolsado, consignamos judicialmente el importe a disposición del vendedor al presentar la demanda, para dejar claro que seguía dispuesto a cumplir.

Lo que alegó el vendedor y por qué no prosperó

«Fue un error en el precio». El vendedor sostuvo que quería vender por 12.000 y que el contrato era anulable por error en el consentimiento (arts. 1265 y 1266 CC). Pero se limitó a oponerse a la demanda, sin reconvenir. Y la anulabilidad debe ejercitarse por vía de acción —demanda o reconvención—, no como simple excepción; el tribunal no puede apreciarla de oficio. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo (STS 172/2018, de 23 de marzo, que recoge las anteriores 837/1999, 1086/2001 y 214/2005). Sin reconvención, el juez no podía anular el contrato, por muy real que fuera el error.

«Es un abuso de derecho». El segundo argumento fue que exigir por 170 euros algo que vale mucho más es abusivo (art. 7.2 CC). El abuso de derecho exige intención de dañar o un ejercicio anormal del derecho contrario a sus fines, y es una figura excepcional. Quien reclama lo que compró en una puja pública hace valer un negocio válido. Y, sobre todo, el art. 7.2 CC no sirve para sustituir una pretensión de anulabilidad que no se introdujo correctamente en el procedimiento.

«Se aplica la ley del país de la plataforma». Las condiciones generales remitían a un derecho extranjero. Ese derecho debe probarse en cuanto a su contenido y vigencia (art. 281.2 LEC y art. 33 de la Ley 29/2015); si quien lo invoca no lo acredita, se aplica el derecho español (STS 198/2015, 287/2015 y 1427/2024, de 30 de octubre). No se acreditó.

El resultado

La sentencia de primera instancia estima la demanda y condena al vendedor a entregar el lote adjudicado. Nuestro cliente no tuvo que conformarse con el reembolso: obtiene aquello por lo que pujó. La resolución no es firme.

Qué enseña este caso

1. El contrato nace con la adjudicación. Un error del vendedor o de la plataforma no lo anula por sí solo: hay que pedirlo, y pedirlo bien.
2. El reembolso no es el final si lo que quiere es el bien. Si ya lo recibió, consígnelo al demandar.
3. Conserve todo: capturas de la puja y de la adjudicación, justificante del pago y comunicaciones con la plataforma y el vendedor. La prueba es documental.
4. La letra pequeña extranjera no le ata automáticamente: quien la invoca tiene que probarla.

Si ha ganado una subasta y el vendedor se niega a entregarle lo adquirido, cuéntenos su caso: es una situación que conocemos y que trabajamos desde nuestra práctica en litigación civil y resolución de conflictos.

Actualizado el 30 de septiembre de 2026.

Esta información es de carácter general y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.

No es un retoque. Amplía la lista de quién está obligado, crea una autoridad nueva y eleva las sanciones de forma considerable.

Qué se está aprobando exactamente

El anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva tiene un objetivo declarado: dotar a España de un marco nuevo en sustitución de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Ese marco no nace en Madrid. La norma adapta nuestro ordenamiento al «paquete antiblanqueo europeo»:

• El Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR), el «reglamento único» que fija directamente las reglas de diligencia debida y titularidad real en toda la Unión.
• El Reglamento (UE) 2024/1620, que crea la Autoridad europea de lucha contra el blanqueo (AMLA), con sede en Fráncfort.
• La Directiva (UE) 2024/1640, que sí debe transponerse, y de ahí este anteproyecto.

Incorpora además las recomendaciones del GAFI y, en un plano distinto, la Directiva (UE) 2024/1174 («Daisy Chains II»), sobre el requisito MREL de los grupos bancarios.

¿Le afecta a usted? La lista de sujetos obligados se amplía

Esta es la parte que más conviene mirar, porque el anteproyecto incorpora actividades que hasta ahora quedaban fuera. Entre los sujetos obligados del artículo 2 figuran, además de los clásicos:

• Promotoras e inmobiliarias, incluida la intermediación en arrendamientos cuando la renta alcanza 120.000 € anuales o 10.000 € mensuales.
• Abogados y otros profesionales del derecho, cuando intervienen en operaciones inmobiliarias o financieras, en la gestión de fondos o criptoactivos del cliente, en la apertura de cuentas —incluidas cuentas de criptoactivos— o en la creación y gestión de sociedades, fundaciones o trusts.
• Notarios, registradores, auditores, contables y asesores fiscales.
• Galerías de arte y casas de subastas, y en general quien comercie o intermedie con bienes culturales, desde 10.000 € por operación o serie de operaciones relacionadas; y quien los almacene o comercie en zonas francas y edificios de aduanas.
• Comerciantes de piedras y metales preciosos y de bienes de gran valor.
• Plataformas de financiación participativa (crowdfunding) e intermediarios.
• Operadores de migración por inversión, es decir, quienes intermedian para obtener residencia a cambio de inversión.
• Agentes de fútbol y clubes de fútbol profesional, estos últimos en operaciones con inversores, patrocinadores, agentes y traspasos de jugadores.
• Sociedades mixtas de cartera no financieras.

Dos precisiones prácticas. Cuando quien realiza la actividad es un empleado, la obligación recae sobre la empresa, no sobre él. Y el reglamento podrá excluir a quien realice actividades financieras de forma ocasional o muy limitada con escaso riesgo.

Una autoridad nueva: la ANIFI

El anteproyecto reordena quién vigila. Crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), autoridad administrativa independiente que asume de forma integrada las funciones de unidad de inteligencia financiera y de supervisión que hoy ejerce el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) junto con otras dispersas en la Administración.

Para las empresas hay una consecuencia concreta: todos los sujetos obligados deberán designar un representante ante la ANIFI. La finalidad declarada es construir un censo completo, de modo que quedar «fuera del radar» dejará de ser una situación de hecho posible.

El anteproyecto añade un requisito de acceso a la actividad: las personas condenadas por blanqueo o por delitos subyacentes no podrán ejercer profesionalmente como determinados sujetos obligados ni ser administradores, directivos o titulares reales de ellos.

En el plano europeo, la AMLA supervisará directamente a un grupo limitado de entidades transfronterizas de alto riesgo; el resto seguirá bajo supervisión nacional, coordinada con ella.

Las sanciones suben, y alcanzan al administrador

Es el apartado que más debería pesar en la decisión de adaptarse a tiempo.

Para las infracciones graves, la multa parte de un mínimo de 60.000 € (30.000 € si el sujeto obligado es persona física) y puede llegar hasta la mayor de estas cifras: el 10 % del volumen de negocios anual, el duplo del contenido económico de la operación más un 50 %, el triple de los beneficios obtenidos, o 10 millones de euros. La multa es obligatoria en todo caso y se impone junto a otras medidas, que pueden llegar a la limitación de la actividad, la exigencia de cambios en la estructura de gobernanza o la suspensión o revocación de la autorización.

Y no se queda en la sociedad. En las infracciones muy graves, a los administradores o directivos responsables se les puede imponer multa individual de entre 60.000 y 15.000.000 €, amonestación pública y separación del cargo con inhabilitación de hasta cinco años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad sujeta a la ley. En las graves, la horquilla individual va de 3.000 a 10.000.000 €.

Los plazos reales

• Audiencia pública del anteproyecto: cerrada el 30 de septiembre de 2026. Quedan los informes preceptivos, la aprobación como proyecto de ley y la tramitación en las Cortes.
• Entrada en vigor general de la ley: 10 de julio de 2027.
• Aplicación plena del Reglamento (UE) 2024/1624: 10 de julio de 2027.

Con una excepción relevante: determinadas previsiones —entre ellas el título IV, sobre titularidad real— entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE, sin esperar a 2027.

Julio de 2027 no está lejos si se piensa en lo que hay entre medias: revisar el análisis de riesgo, rehacer los procedimientos de diligencia debida y de identificación del titular real, designar representante, formar al personal y dejarlo todo documentado de forma defendible.

Bruselas ya ha abierto expediente a España

El 25 de septiembre de 2026 la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España y a otros diecisiete Estados miembros por no haber comunicado la transposición completa de las disposiciones de la Directiva (UE) 2024/1640 cuyo plazo venció el 10 de julio de 2026, relativas en lo esencial a los registros de titularidad real. Es el primer paso del procedimiento de infracción; España dispone de dos meses para responder.

Para las empresas la lectura es práctica: explica por qué el anteproyecto adelanta la entrada en vigor del título IV, sobre titularidad real, al día siguiente de su publicación en el BOE, y hace poco probable que el calendario se relaje.

Y en paralelo, el ajuste para criptoactivos

Conviene no perder de vista que hay una segunda norma en marcha. El Proyecto de Ley de digitalización y modernización del sector financiero, ya en tramitación en el Congreso, modifica la Ley 10/2010 para que los proveedores de servicios de criptoactivos pasen a ser sujetos obligados como cualquier entidad financiera y para reforzar la diligencia debida en transacciones con direcciones autoalojadas. Si su actividad toca criptoactivos, ese cambio puede llegarle antes que la ley integral.

Preguntas frecuentes

¿Desaparece la Ley 10/2010?
Esa es la intención del anteproyecto: sustituirla por un marco nuevo e integral, no reformarla.

¿Tengo que cambiar mi manual de prevención ya?
Hoy sigue rigiendo la Ley 10/2010, y no está congelada: desde el 22 de marzo de 2026 su artículo 42 exige a los sujetos obligados políticas y procedimientos en materia de sanciones financieras internacionales, proporcionados a su tamaño e incluida la evaluación del riesgo de que se eludan. Ese punto conviene revisarlo ya. Para el resto, lo razonable es hacer el diagnóstico ahora y ejecutar los cambios conforme se conozca el texto definitivo, porque el contenido del reglamento europeo ya es firme.

Soy una inmobiliaria pequeña. ¿Me afecta?
Si promueve, intermedia o gestiona compraventas, sí. En arrendamientos, el umbral es de 120.000 € de renta anual o 10.000 € mensuales.

¿Esto tiene que ver con la responsabilidad penal de la empresa?
Sí. Un programa de prevención real y acreditable es uno de los elementos sobre los que se valora la diligencia de la persona jurídica. Un manual que nadie aplica no protege.

En Antolín Bureau trabajamos la prevención del blanqueo desde su vertiente práctica: diagnóstico de la situación actual, adaptación de procedimientos y, cuando hace falta, defensa penal económica y compliance ante inspecciones y procedimientos sancionadores. Si quiere saber cómo le afecta esta reforma, cuéntenos su caso.

Actualizado el 30 de septiembre de 2026.

Esta información es de carácter general y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.

La situación es más frecuente de lo que parece y tiene nombre técnico: derecho de transmisión. El Tribunal Supremo acaba de cambiar de criterio sobre ella. La Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil núm. 849/2026, de 3 de junio, rectifica la doctrina que la propia Sala fijó en 2013 y recupera la conocida como teoría clásica o de la doble transmisión. No es una sutileza académica: cambia quién debe firmar el reparto de la primera herencia y cuánto le corresponde al cónyuge viudo.

Qué es el derecho de transmisión, en llano

El Código Civil lo resuelve en una línea. El artículo 1006 dispone que «por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía».

Traducido: heredar no es automático. Quien está llamado a una herencia adquiere primero la facultad de decidir si acepta o renuncia. Si fallece sin haber decidido, esa facultad no se pierde: pasa a sus propios herederos, que decidirán en su lugar.

• Primer causante: quien fallece primero (la abuela del ejemplo).
• Transmitente: el heredero que fallece sin aceptar ni rechazar esa herencia (el hijo).
• Transmisarios: los herederos de este último (los nietos), que son quienes deciden.

De la «adquisición directa» a la «doble transmisión»

Hasta 2013, notarías, registros y tribunales coincidían: los bienes de la primera herencia llegaban a los transmisarios pasando por la herencia del transmitente. Aquel año el Supremo dio un giro: no había doble transmisión, sino una sola, y los transmisarios sucedían directamente al primer causante. El efecto práctico era visible: quienes tenían derechos en la segunda herencia —señaladamente el cónyuge viudo— quedaban fuera de la primera.

La sentencia de 2026 corrige el rumbo. El Pleno razona que, si la ley ordena que pase a los herederos del fallecido «el mismo derecho que él tenía», es porque lo reciben en cuanto herederos suyos: lo de la primera herencia se integra en el patrimonio del transmitente y desde ahí se reparte. Hay dos transmisiones sucesivas, no una. Y así, entiende el Tribunal, se protege mejor a los legitimarios y acreedores del transmitente.

Por qué importa en una herencia familiar

Quién tiene que firmar

Si lo que venía de la primera herencia entra en la del hijo fallecido, quienes tengan derechos en esta segunda los tienen también en el reparto de la primera. En el caso resuelto, el Supremo concluye que la viuda del transmitente debía intervenir en la partición de la primera herencia. El litigio nació de ahí: una registradora denegó la inscripción de la escritura porque faltaba esa firma.

Cuánto le corresponde al cónyuge viudo

La ley reserva al viudo o viuda una parte de la herencia en usufructo, la llamada cuota legal usufructuaria (arts. 806, 807.3.º, 834 y 837 del Código Civil). Con el nuevo criterio se calcula sobre un patrimonio mayor, porque incorpora el valor de lo que su cónyuge iba a recibir de la primera herencia.

El efecto en el Impuesto de Sucesiones

Aquí conviene prudencia. Si civilmente hay dos transmisiones, lo lógico es que fiscalmente se liquiden dos y no una. Pero la doctrina tributaria vigente hasta hoy —fijada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en 2018 y 2019— partía del criterio civil de 2013 y hablaba de una sola adquisición. Cambiada la premisa civil, es previsible que la fiscal se reajuste, pero todavía no hay pronunciamiento tributario que lo confirme.

Un ejemplo con números

Muy simplificado, solo para ver la diferencia. La abuela deja una herencia de 300.000 €, a repartir entre sus tres hijos: 100.000 € para cada uno. Antes de aceptar nada fallece uno de ellos, casado y con dos hijos propios, cuyo patrimonio personal asciende a 60.000 €.

• Criterio de 2013: los dos nietos heredaban esos 100.000 € directamente de la abuela y la viuda no intervenía en ese reparto. Su usufructo se calculaba solo sobre los 60.000 € del marido: un tercio, unos 20.000 €.
• Criterio de 2026: los 100.000 € se integran en la herencia del hijo, que pasa a ser de 160.000 €. La viuda debe ser llamada a la partición de la abuela y su usufructo se calcula sobre un tercio de esa cifra: algo más de 53.000 €. Los nietos reciben la propiedad, pero gravada con ese usufructo.

¿Y si la herencia ya se repartió?

Un cambio de doctrina no reabre por sí solo lo que quedó válidamente cerrado hace años. Donde sí se nota es en lo que sigue vivo: particiones en curso, escrituras pendientes de inscripción y pleitos en tramitación.

Dos precisiones. Los transmisarios han de aceptar antes la herencia del transmitente: ambas van unidas. Y el artículo 1006 rige donde se aplica el Código Civil; en los territorios con Derecho civil propio habrá que estar a su regulación.

Qué conviene hacer

• Comprobar si en la herencia hay algún heredero fallecido sin haber aceptado ni renunciado: es el detalle que lo cambia todo.
• Identificar a todos los que deben ser llamados, incluido el cónyuge viudo de ese heredero, antes de acudir a la notaría.
• Revisar el orden de las aceptaciones y el cálculo de legítimas con las dos herencias sobre la mesa.

Si tiene una partición pendiente y quiere saber cómo le afecta este criterio, nuestro equipo de abogados de herencias y sucesiones puede revisarla y orientarle antes de firmar.

Resolución comentada. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Pleno, Sentencia núm. 849/2026, de 3 de junio de 2026 (ECLI:ES:TS:2026:2455). Recurso de casación núm. 3733/2021. Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán. Rectifica la doctrina de la STS 539/2013, de 11 de septiembre.

Esta nota tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada herencia presenta particularidades que exigen un análisis individualizado.

Los tres plazos de garantía de la LOE

La Ley de Ordenación de la Edificación (art. 17 LOE) establece tres garantías, que se cuentan desde la recepción de la obra (el acta de recepción, sin reservas o desde su subsanación):

• 1 año — defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado.
• 3 años — defectos que afecten a la habitabilidad: humedades, filtraciones, aislamiento térmico o acústico, salubridad.
• 10 años (garantía decenal) — defectos estructurales en cimentación, soportes, vigas, forjados o muros de carga que comprometan la resistencia y estabilidad del edificio.

La clave: el defecto debe aparecer dentro del plazo de garantía que le corresponda según su gravedad.

El plazo para reclamar: 2 años desde que aparece el daño

Que el defecto esté cubierto por la garantía no significa que puedas reclamar indefinidamente. El art. 18 LOE fija un plazo de prescripción de 2 años para ejercer la acción, contados desde que se producen los daños. Es decir, desde que el defecto se manifiesta empieza a correr ese plazo de dos años.

Un ejemplo lo aclara: si un defecto estructural aparece en el noveno año, queda cubierto por la garantía decenal y, a partir de su aparición, dispones de dos años para reclamar. Confundir ambos plazos es el error más habitual y el que más reclamaciones deja fuera.

¿Quién responde de los defectos?

La LOE reparte la responsabilidad entre los agentes que intervienen en la obra: constructor, proyectista, director de obra y director de ejecución, según el tipo de defecto. Y, sobre todo, el promotor responde solidariamente en todo caso frente a los compradores, lo que te permite dirigir la reclamación contra él sin tener que identificar de antemano al culpable técnico.

¿Y si la garantía de la LOE no cubre mi caso?

Más allá de la LOE pueden existir acciones contractuales por incumplimiento (por ejemplo, frente al vendedor o el constructor con quien firmaste), con sus propios plazos, a menudo más amplios. La vía de la LOE y la contractual pueden coexistir, y el plazo aplicable depende de cada caso: por eso conviene analizarlo cuanto antes.

¿Y si aparecen defectos nuevos después de una sentencia?

Haber ganado ya un pleito por defectos de construcción no cierra la puerta a reclamar los daños que se manifiesten después. La STS 625/2026, de 21 de abril (rec. 4337/2021) descarta el efecto de cosa juzgada respecto de patologías que no se enjuiciaron en el primer procedimiento, aunque compartan el mismo origen constructivo: lo ya resuelto sirve como antecedente sobre la causa y la responsabilidad, y los daños nuevos pueden reclamarse en un segundo proceso.

Con un matiz decisivo en la práctica: si lo que se reclama ya estaba incluido en la condena a reparar del primer pleito, el cauce no es una demanda nueva, sino la ejecución de aquella sentencia (art. 706 LEC). Solo los daños que no fueron objeto del primer proceso abren la vía de una reclamación autónoma.

La misma sentencia refuerza el cómputo del plazo cuando los daños son continuados: si la causa sigue actuando y el deterioro progresa, los dos años del art. 18 LOE no corren desde el primer síntoma, sino desde que el daño deja de progresar —por ejemplo, al completarse la reparación—. Basta con que la causa se haya manifestado dentro del periodo de garantía del art. 17 LOE.

Qué hacer para no perder el plazo

• Documenta los defectos con fotografías y, si es posible, un informe pericial que fije su naturaleza y su fecha de aparición.
• Comunícalo por escrito al promotor o constructor (un burofax deja constancia y puede interrumpir la prescripción).
• No dejes correr el plazo: dos años es poco tiempo y empieza a contar desde que el daño se manifiesta.

En Antolín Bureau llevamos la reclamación de defectos de construcción de compradores de vivienda, comunidades de propietarios y promotores. Si has detectado humedades, grietas, filtraciones u otros desperfectos, analizamos tu caso y el plazo aplicable antes de que prescriba. Cuéntanos tu caso y te decimos si estás a tiempo.

Actualizado el 14 de septiembre de 2026.

Esta información es de carácter general y no sustituye el asesoramiento sobre tu caso concreto.

¿Qué ocurre cuando un tribunal desestima una demanda pero, al hacerlo, deja sin respuesta algunas de las razones en que esa demanda se apoyaba? ¿Basta con decidir, o hay además que explicar por qué se decide así, argumento por argumento?

Una resolución judicial no solo tiene que resolver: tiene que explicar por qué resuelve como lo hace. Y cuando guarda silencio sobre parte de lo que se le ha planteado, existe una vía —la solicitud de complemento ante el propio tribunal— que, bien empleada, permite después llevar ese defecto hasta el Tribunal Supremo y obtener la anulación de la sentencia. Eso es, exactamente, lo que conseguimos en este caso.

En el asunto que ahora comentamos actuamos como letrados de la parte recurrente. El Tribunal Supremo no nos dio la razón en el plano sustantivo —el fondo del contrato—, pero sí en el procesal: apreció que la sentencia de apelación no estaba suficientemente motivada, la anuló y ordenó dictar una nueva. Este comentario se centra en esa dimensión procesal, que es la de mayor interés práctico y de la que cabe extraer una enseñanza de alcance general para cualquier litigante.

El asunto, en síntesis

El origen del litigio es un contrato suscrito en 2004 por unos particulares con una mercantil dedicada a la comercialización de plantaciones de arbolado: la plantación de cuarenta nogales, por importe cercano a los 18.400 euros y con una duración de veinte años. La empresa no solo se obligaba a plantarlos, sino que garantizaba su viabilidad y asumía los servicios de cultivo y mantenimiento, así como la gestión de su venta. Años después, en 2017, comunicó a los clientes que se hallaba en situación de prequiebra y les ofreció una salida —canjear los árboles por acciones o venderlos a precio de madera a granel— que aquellos consideraron muy alejada de lo prometido.

Los clientes demandaron. Ejercitaron, como pretensión principal, la nulidad de pleno derecho del contrato por no haberse adaptado a la Ley 43/2007, de 13 de diciembre (reguladora de la comercialización de determinados bienes con oferta de restitución); y, subsidiariamente, las acciones de anulabilidad por vicio del consentimiento, de resolución por incumplimiento y de responsabilidad civil. El Juzgado de Primera Instancia estimó la pretensión principal: consideró aplicable la Ley 43/2007, apreció la falta de las garantías financieras que esta exige y declaró la nulidad del contrato, con restitución de lo pagado.

La Audiencia Provincial, en cambio, estimó el recurso de la empresa y revocó la sentencia, absolviéndola: entendió que el contrato quedaba fuera del ámbito de la Ley 43/2007 por no contener una verdadera oferta de restitución, y rechazó también la resolución contractual. Frente a ese fallo, los demandantes solicitaron el complemento de la sentencia —al considerar que la Audiencia no se había pronunciado sobre todas las acciones subsidiarias—, solicitud que fue desestimada por auto. Solo entonces, agotada esa vía, interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, ambos admitidos.

Dos planos del recurso: por qué nos centramos en lo procesal

Conviene ser claros sobre el resultado, porque tiene dos caras. En el plano de fondo —el recurso de casación—, el Tribunal Supremo no acogió nuestra tesis: concluyó que el contrato no incorporaba una auténtica «oferta de restitución» en el sentido del art. 1 de la Ley 43/2007. La empresa se obligaba a gestionar la venta de los árboles a terceros, pero no a restituir el precio en ausencia de comprador ni a garantizar una rentabilidad o un resultado; el riesgo permanecía, en lo esencial, en la esfera del cliente. Por esa razón —una obligación de medios, no de resultado—, la Sala estimó inaplicable aquella ley y desestimó el motivo. No es el terreno en el que la resolución resulta de mayor interés, y a él nos remitimos sin más.

El interés —y el resultado favorable— está en el plano procesal. Ahí el Tribunal Supremo nos dio la razón, y lo hizo sobre una idea que todo litigante debería tener presente: una sentencia no se sostiene solo por lo que decide, sino por cómo lo razona.

Incongruencia y falta de motivación: dos vicios que conviene no confundir

El recurso por infracción procesal se articuló en cuatro motivos que, en realidad, denunciaban dos defectos de distinta naturaleza. Por un lado, la incongruencia (art. 218.1 LEC): que la sentencia no habría resuelto todas las pretensiones, o lo habría hecho alterando la causa de pedir. Por otro, la falta o insuficiencia de motivación (arts. 120.3 CE y 218.2 LEC, en relación con el art. 248.3 LOPJ): que la sentencia no habría expresado las razones suficientes para justificar la desestimación de las acciones subsidiarias, ni valorado mínimamente la prueba.

La distinción no es académica. La congruencia atiende a la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve; la motivación, a la suficiencia del razonamiento que sostiene esa decisión. Una sentencia puede resolver sobre todo lo pedido —y por tanto no ser incongruente— y, sin embargo, no explicar adecuadamente por qué rechaza alguna de las pretensiones. Son planos diferentes, y el Tribunal Supremo los trató de manera distinta.

Los motivos de incongruencia fueron desestimados. La Sala razonó que la Audiencia sí se había pronunciado sobre el conjunto de las acciones ejercitadas, aunque de forma global y, en algunos extremos, implícita, de modo que el silencio relativo sobre ciertas pretensiones podía interpretarse como una desestimación tácita derivada de la propia ratio decidendi. A ello añadió un argumento de principio: la sentencia recurrida era absolutoria y, conforme a doctrina reiterada —por todas, la STS 356/2023, de 8 de marzo—, las sentencias absolutorias, como regla general, no incurren en incongruencia, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que se altere sustancialmente la causa de pedir o se aprecie una excepción no alegada, lo que aquí no sucedía. Esta es, precisamente, la razón por la que centrar el recurso en la incongruencia habría sido un terreno frágil: frente a una absolución, esa queja rara vez prospera.

El defecto determinante: razonar sobre una obligación y silenciar las demás

Donde el recurso sí encontró acogida fue en la insuficiencia de motivación, y por un motivo muy concreto. En la demanda se había imputado a la empresa el incumplimiento de cuatro estipulaciones del contrato: la relativa a la viabilidad de los árboles para su desarrollo, la de gestión de su venta, la de los servicios de mantenimiento y la de las bonificaciones por árbol. La Audiencia, sin embargo, circunscribió todo su razonamiento al examen de una sola de ellas —la gestión de la venta—, concluyendo que respecto de esa obligación no se había producido un incumplimiento esencial. Sobre las restantes no dijo nada.

El silencio era especialmente significativo porque, en el escrito de solicitud de complemento, los demandantes habían puesto de relieve el incumplimiento de los deberes de cuidado y crianza de los árboles, alegando que la mala gestión del cultivo había impedido que alcanzaran los estándares mínimos de calidad necesarios para su venta: un incumplimiento que, a su juicio, frustraba la finalidad misma del contrato. El Tribunal Supremo apreció que la Audiencia había reducido indebidamente el objeto del debate a una sola de las obligaciones invocadas, sin ofrecer explicación alguna —ni fáctica ni jurídica— sobre el incumplimiento de las demás. No se trataba, subrayó la Sala, de una mera discrepancia con la argumentación del tribunal, sino de una motivación insuficiente que no satisface el canon constitucional exigible, al no dar respuesta razonada y completa a las alegaciones que sustentaban la pretensión resolutoria (con cita de las SSTC 121/2025, de 26 de mayo, y 150/2021, de 13 de septiembre).

La pieza clave de la estrategia: el complemento de sentencia (art. 215 LEC)

Aquí reside la enseñanza práctica de mayor calado, y el paso que con frecuencia se omite. Cuando una sentencia deja sin resolver, o sin razonar, alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, la parte no puede acudir directamente al recurso denunciando esa omisión: debe pedir antes su subsanación al propio tribunal que la dictó. Es el mecanismo del complemento de sentencias previsto en el art. 215 LEC, que permite solicitar, dentro del plazo de cinco días desde la notificación, que se complete la resolución respecto de los pronunciamientos omitidos.

Esta solicitud no es un trámite menor ni una cortesía procesal. La doctrina jurisprudencial consolidada la configura como presupuesto para poder denunciar después, en vía de recurso, la falta de respuesta del tribunal: si no se ofrece al órgano judicial la ocasión de subsanar su propio silencio, no cabe luego fundar en ese silencio una queja casacional, pues se entiende que la parte lo ha consentido. Es, en el fondo, una exigencia de coherencia y de agotamiento de los remedios disponibles antes de elevar la cuestión a una instancia superior.

En este caso seguimos ese cauce con precisión. Tras la sentencia de apelación instamos su complemento, identificando expresamente las pretensiones y, sobre todo, los incumplimientos sobre los que la Sala no se había pronunciado —entre ellos, el relativo al cuidado y crianza de los árboles—. La Audiencia desestimó la solicitud por auto, al considerar que ya se había pronunciado sobre todo. Pero ese paso fue decisivo: dejó constancia formal de qué se había alegado y no respondido, y dejó expedita la vía del recurso. Sin esa solicitud previa, el defecto de motivación no habría podido llevarse al Tribunal Supremo con la misma solidez. El complemento no resolvió el problema por sí solo —no era su función—, pero fue la llave que hizo posible la posterior anulación.

Qué se obtiene: anulación y nueva sentencia

Estimado en parte el recurso por infracción procesal, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y, conforme al art. 476.2 LEC, repuso las actuaciones para que aquella dicte una nueva resolución con una motivación fáctica y jurídica suficiente, sin privar a las partes de la segunda instancia. Dicho de otro modo: el debate sobre la resolución contractual —y, en particular, sobre los incumplimientos que habían quedado en el aire— vuelve a quedar abierto y deberá resolverse ahora de forma razonada y completa.

Es importante medir el alcance de lo logrado sin exagerarlo. La anulación no prejuzga el resultado de la nueva sentencia: lo que asegura es el derecho a que esa decisión esté debidamente motivada, examinando todos los incumplimientos invocados y no solo uno de ellos. En cuanto a las costas, el resultado fue coherente con esa doble suerte: al desestimarse el recurso de casación, sus costas se impusieron a la parte recurrente, con pérdida del depósito; al estimarse en parte el recurso por infracción procesal, no hubo condena en costas en ese recurso, con devolución del depósito.

El trabajo del despacho

Revertir, aun parcialmente, una sentencia de apelación exige una lectura procesal fina. La estrategia que desplegamos no consistió en insistir en el fondo —donde el terreno era más difícil—, sino en advertir que la sentencia recurrida, pese a absolver, no había razonado sobre buena parte de lo alegado, y en encauzar esa deficiencia por la vía correcta. Ello supuso tres decisiones encadenadas: identificar con exactitud qué incumplimientos habían quedado sin respuesta; agotar el cauce del complemento de sentencia, paso que muchas veces se descuida y cuya omisión cierra de raíz la posibilidad del recurso; y construir la impugnación sobre el motivo más sólido —la insuficiencia de motivación—, distinguiéndolo con cuidado de la incongruencia, que frente a una sentencia absolutoria difícilmente habría prosperado. El Tribunal Supremo hizo suyo, en lo sustancial, ese planteamiento.

Trascendencia: el derecho a una sentencia motivada

Más allá del caso concreto, la resolución reafirma una garantía esencial del proceso. El deber de motivar las resoluciones judiciales (art. 120.3 CE y art. 218.2 LEC) no es una formalidad: integra el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. No basta con que el tribunal decida; debe exteriorizar las razones, fácticas y jurídicas, que sostienen su fallo, y hacerlo respecto de todas las cuestiones relevantes que se le someten. Una motivación que se concentra en una sola de las obligaciones invocadas y silencia el resto no cumple ese canon, por mucho que el fallo final pudiera ser el mismo.

De ahí la lección que un litigante debería retener: ante una sentencia que calla sobre parte de lo alegado, la solicitud de complemento no es un trámite prescindible, sino el instrumento que preserva la posibilidad de revisión. En Antolín Bureau entendemos que el dominio de estos resortes procesales —los que deciden si una queja puede o no llegar a ser oída por el Tribunal Supremo— forma parte indisociable de una defensa técnicamente solvente.

José Ignacio Antolín Esguevillas
Abogado director

Ficha de la resolución. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia núm. 1919/2025, de 19 de diciembre de 2025. Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación núm. 6392/2020. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez.

La presente nota tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Los datos personales de las partes han sido omitidos conforme a la normativa de protección de datos.

¿Puede un municipio destinar parte de sus bienes comunales —tradicionalmente agrícolas— a un parque solar o eólico, adjudicando su aprovechamiento, mediante precio, a un tercero que no es vecino? Durante años la respuesta fue incierta y los tribunales se dividieron. El Tribunal Supremo la ha despejado: sí, es posible, y ha precisado con qué condiciones.

Esta es la sentencia que lo establece. Y la obtuvo este despacho, en defensa del Ayuntamiento de Paredes de Nava, logrando que el Alto Tribunal casara una resolución contraria y fijara un criterio interpretativo llamado a proyectarse sobre toda España.

No se trata de un asunto menor. En juego estaba —y está— la posibilidad de que miles de municipios rurales pongan parte de su patrimonio comunal al servicio de la transición energética y, con ella, de su propia supervivencia frente a la despoblación.

El asunto, en síntesis

El Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) acordó acotar 460 de las 948 hectáreas de un bien comunal —la finca El Páramo, de tradicional aprovechamiento agrícola— para destinarlas a la implantación de un proyecto de energías renovables, mediante instalaciones fotovoltaicas y eólicas, cuyo aprovechamiento se adjudicaría en pública subasta. La Junta de Castilla y León autorizó el acotamiento, el Pleno municipal lo aprobó y se modificó la ordenanza reguladora.

Una asociación agraria local impugnó la decisión, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón: anuló los acuerdos al entender que acotar parte de un bien comunal para su uso industrial y adjudicarlo a un tercero mediante precio «va en contra de su esencia» y supone una indebida patrimonialización del bien.

Frente a esa sentencia, el Ayuntamiento —representado por este despacho— preparó e interpuso recurso de casación. El Tribunal Supremo lo admitió apreciando interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, ante una cuestión sobre la que los Tribunales Superiores de Justicia venían pronunciándose en sentidos opuestos.

El marco: los bienes comunales y su orden de aprovechamiento

Los bienes comunales tienen una naturaleza jurídica peculiar. Mencionados en el art. 132.1 de la Constitución junto a los de dominio público, se definen (art. 79.3 LBRL) como aquéllos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos: el municipio ostenta su gestión, pero las facultades de disfrute pertenecen a los vecinos.

Para ese disfrute, el art. 75 del Texto Refundido de Régimen Local —y, en paralelo, el art. 94 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales— fija un orden de prelación: primero, la explotación colectiva o comunal; si resulta impracticable, la costumbre, la ordenanza local o el reparto de lotes o suertes entre los vecinos; y solo si estas modalidades son imposibles, la adjudicación en pública subasta, mediante precio, incluso a terceros, con preferencia de los vecinos en igualdad de condiciones.

Junto a ese régimen, el art. 106 del Reglamento de Bienes permite acotar parte de los comunales «para fines específicos, tales como enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio a los vecinos necesitados», con un «régimen jurídico peculiar» que «deberá ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable». La pregunta era si esa figura del acotamiento permite destinar una porción del bien a un proyecto de energías renovables explotado por un tercero mediante precio.

Una cuestión que dividía a los tribunales

El asunto distaba de ser pacífico. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había admitido, ya en 2012, esta posibilidad; el de Castilla y León la rechazó en la sentencia recurrida. Esa contradicción entre órganos —precisamente lo que reclama la intervención unificadora del Tribunal Supremo— abrió la puerta a la casación.

El criterio que fija el Tribunal Supremo

El Alto Tribunal acoge la posición del Ayuntamiento y casa la sentencia de instancia. Su interpretación del art. 106 RBEL, fijada como doctrina, puede sintetizarse así: el acotamiento es un instrumento que permite destinar parte del bien comunal a un fin de interés social distinto del tradicional, siempre que (i) repercuta en beneficio de los vecinos, titulares de su aprovechamiento, y (ii) no impida ni obstaculice, hasta hacerlo impracticable, el uso tradicional de la parte no acotada.

Ese fin —y aquí está el matiz capital— puede exigir, por su propia naturaleza o por imperativo de la legislación sectorial, una modalidad de aprovechamiento distinta de la tradicional. Ahora bien, el Tribunal Supremo no prescinde del orden de prelación de los arts. 75 TRLRL y 94 RBEL: lo mantiene. La adjudicación a un tercero mediante precio solo es legítima cuando el fin elegido no puede satisfacerse a través de las modalidades que le preceden —la explotación colectiva o el reparto de lotes entre vecinos— y siempre que la decisión esté debidamente motivada.

La diferencia con la sentencia anulada es decisiva. El Tribunal Supremo rechaza que la adjudicación por precio a un tercero «desnaturalice» el bien o lo patrimonialice: el bien conserva íntegramente su condición de comunal —inalienable, inembargable e imprescriptible—, y lo único que se hace es activar, para la parte acotada, una de las formas de aprovechamiento legalmente previstas, una vez constatado que las anteriores no son viables. Lejos de vaciar de contenido la institución, esta lectura la abre, en palabras de la Sala, a «nuevas realidades y perspectivas» —la educación, la cultura, el medio ambiente— siempre en provecho de los vecinos.

Por qué prospera el acotamiento

Aplicado al supuesto, el Tribunal Supremo concluye que el acotamiento de Paredes de Nava es conforme a Derecho. Responde a un fin de interés social —el fomento de las energías renovables, anclado en la protección del medio ambiente (art. 45 CE), en la Ley 7/2021 de cambio climático y en los compromisos europeos y del Acuerdo de París—; mantiene más de la mitad de la finca en su uso agrícola y ganadero tradicional; y, sobre todo, persigue una finalidad cuya ejecución —plantas fotovoltaicas y parques eólicos— impone exigencias técnicas, profesionales y financieras, derivadas de la legislación del sector eléctrico, que hacen materialmente inviable un aprovechamiento colectivo y simultáneo o por lotes entre los vecinos. Es precisamente esa inviabilidad la que habilita el último escalón del art. 75: la adjudicación, en subasta y mediante precio, incluso a quien no ostenta la condición de vecino.

El Tribunal Supremo estima así el recurso de casación, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, desestima la impugnación de la asociación recurrente y confirma la plena validez de los acuerdos municipales y autonómicos.

El trabajo del despacho

Revertir en casación una sentencia estimatoria de instancia no es tarea sencilla. El éxito del recurso descansó en una estrategia argumental que reordenó por completo los términos del debate. Frente al planteamiento excluyente de la sentencia recurrida —uso agrícola o uso energético—, se demostró que el acotamiento es, por definición, un instrumento de compatibilidad: la convivencia del aprovechamiento agrícola, en la parte más fértil y extensa, con el energético, en la porción acotada de peor calidad agronómica.

Sobre esa idea vertebradora se desplegó una interpretación gramatical, teleológica y sistemática del art. 106 RBEL; se invocó el mandato de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 del Código Civil), poniendo de relieve que el aprovechamiento agrícola había quedado, de hecho, circunscrito a una minoría de profesionales —menos del 4 % de la población—, en una explotación, además, parcialmente desnaturalizada por el régimen de subvenciones; y se situó la controversia en su contexto real: el de unos municipios que ven en la transición energética una de sus últimas oportunidades frente a la despoblación. La Sala hizo suya, en lo sustancial, esa lectura.

Trascendencia: una sentencia que va mucho más allá del caso

El valor de esta resolución es doble.

En el plano jurídico, es una sentencia nomofiláctica en sentido propio: el Tribunal Supremo no resuelve solo un litigio, sino que fija un criterio interpretativo de los arts. 106 RBEL y 75 TRLRL llamado a aplicarse en todos los asuntos futuros de idéntico signo, unificando una doctrina hasta entonces contradictoria entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Cualquier corporación local que se plantee destinar parte de su patrimonio comunal a un proyecto de renovables —o a otros fines de interés social ajenos al uso tradicional— dispone ya de una guía clara y de la cobertura del máximo intérprete de la legalidad ordinaria.

En el plano económico y social, la trascendencia es difícil de exagerar. La superficie de bienes comunales en el medio rural español es inmensa, y buena parte de ella se concentra en los territorios más castigados por el reto demográfico. Al confirmar que ese patrimonio puede ponerse —con las debidas garantías y respetando el uso tradicional— al servicio de la transición energética, la sentencia desbloquea una vía de generación de riqueza, empleo y arraigo para la España rural, y armoniza dos intereses generales de primer orden: la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Repercusión en los medios

La sentencia tuvo amplia repercusión por su alcance para el conjunto de la España rural. Puede consultarse la nota oficial del Consejo General del Poder Judicial, así como su cobertura en 20minutos y en Revista Agricultura.

En Antolín Bureau afrontamos la casación como lo que es: el escenario en el que el Derecho se fija para todos. Casos como éste —en los que una buena estrategia procesal no solo gana un pleito, sino que abre camino a un sector entero— son la mejor expresión de lo que entendemos por ejercicio de la abogacía.

José Ignacio Antolín Esguevillas
Abogado director

Ficha de la resolución. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, Sentencia núm. 332/2024, de 28 de febrero de 2024. Recurso de casación núm. 5546/2022. Ponente: Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet de Sande.

La presente nota tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico.

A propósito de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 379/2026, de 3 de junio (recurso de casación 3213/2023), de la que ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

¿Puede uno de los partícipes en una misma trama delictiva quedar absuelto por prescripción mientras el resto resulta condenado por los mismos hechos? El Tribunal Supremo confirma que sí, y precisa con rigor cuándo.

La regla general no cambia: cuando varios delitos están materialmente entrelazados, el plazo de prescripción del más grave arrastra a los demás. El matiz —y ahí reside todo el interés— afecta al extremo de la cadena: a quien interviene de forma aislada y puntual no puede arrastrarle el reloj de una trama de la que apenas formó parte.

No hay, por tanto, ruptura con la doctrina anterior, sino delimitación de sus contornos. La Sala no discute que, en una actividad delictiva continuada y materialmente trabada, las infracciones menos graves queden «cubiertas» por el plazo de la más grave. Lo que aclara es que esa regla no puede estirarse hasta alcanzar al partícipe cuya aportación fue una acción única, no reiterada en el tiempo y desvinculada del conjunto.

El asunto, en síntesis

La causa traía origen en una trama de cobro de cheques sustraídos y falsificados —doce en total— librados contra la cuenta que una mercantil mantenía en una entidad bancaria, con simulación de las firmas de sus representantes. El perjuicio conjunto superó los 760.000 euros. Varias personas, sin relación entre sí más allá de quien les proporcionó los efectos, presentaron al cobro los talones a cambio de una comisión. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 21 de noviembre de 2022, condenó a los acusados por un delito continuado de estafa en concurso medial con falsedad en documento mercantil, apreciando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la vista de la desmesurada duración del proceso —más de trece años—.

Uno de los condenados, que únicamente había intervenido en el cobro de un solo cheque, por importe de 20.145,68 euros, recurrió en casación invocando, entre otros motivos, la prescripción del delito. Y es en la respuesta a ese motivo donde la resolución despliega su mayor interés.

El punto de partida: la regla del «arrastre»

El motivo obligaba a la Sala a confrontar una línea jurisprudencial bien asentada, la que aplicó la Audiencia: cuando la conexión entre varios hechos delictivos rebasa lo estrictamente procesal y se anudan entre ellos vínculos materiales, el plazo de prescripción del hecho más grave «estira» el de los demás. La consecuencia es que no cabe fragmentar el conjunto: o se declara prescrita toda la actividad delictiva, o ninguna; y si la infracción más grave permanece viva, arrastra consigo a las vinculadas de menor entidad.

En abstracto, ese criterio no se discute. Es más: en una trama como la enjuiciada, materialmente entrelazada, opera con normalidad. El problema surge únicamente al pretender aplicarlo a un interviniente cuya conducta no encaja en esa lógica de continuidad.

La precisión del Tribunal Supremo: el límite del arrastre frente al partícipe aislado

El Tribunal Supremo no deroga la doctrina del arrastre ni se adentra en perfilar todos sus contornos —que, reconoce expresamente, no siempre son fáciles de delimitar—. Se limita, con deliberada contención, a declararla inaplicable a un supuesto como éste: una continuidad delictiva con pluralidad de partícipes y diversidad de intervenciones.

El razonamiento se apoya en una idea que ya operaba en otros planos: el delito continuado con varios partícipes es susceptible de «despiece» cuando sus intervinientes tienen un peso muy distinto. Y ese despiece no es ninguna novedad en sede de calificación. Opera, en primer lugar, a efectos de tipicidad: al partícipe cuya aportación no alcanza el umbral cuantitativo de la modalidad agravada se le aplica el tipo básico —art. 249 CP en lugar del art. 250—, del mismo modo que una suma de sustracciones que no rebase los cuatrocientos euros puede degradarse de delito menos grave a delito leve. Opera, en segundo lugar, sobre la propia agravación de la continuidad (art. 74.1 CP): la exasperación de la pena procedente para quien interviene en, pongamos, diez acciones defraudatorias enlazadas no tiene por qué imponerse a quien solo participó en tres.

La aportación de la sentencia consiste en proyectar esa misma lógica sobre el cómputo de la prescripción: si el delito continuado se descompone a efectos de tipo y de pena, también debe descomponerse a efectos de prescripción cuando concurren partícipes de grado diverso. Hay que estar, en cada caso, al plazo propio de la infracción por la que cada uno ha sido individualmente condenado.

La Sala ilustra el contraste con interrogantes difíciles de contestar desde la tesis opuesta: ¿sería razonable negar la prescripción a quien solo participó en una de las acciones de una larga cadena, porque otro la prolongó en solitario durante meses? ¿Puede la persistente actividad de un tercero dilatar indefinidamente el plazo de quien colaboró únicamente en el primer episodio, consumado años atrás? El principio de personalidad de la responsabilidad penal impone responder que no.

Trasladado al recurrente, el resultado es nítido: condenado como autor de una estafa básica del art. 249 CP —sin la agravación del art. 250, porque el importe de su intervención no alcanzaba el umbral entonces vigente, y sin la continuidad del art. 74, por tratarse de una acción única y aislada—, su plazo de prescripción no podía elevarse al de la trama. Era el de su propio y único delito.

Qué actos interrumpen realmente la prescripción

Sentada esa premisa, el debate se trasladaba al terreno fáctico-procesal: ¿había transcurrido de verdad el plazo? El recurrente sostenía una paralización del procedimiento superior a cinco años. El Ministerio Fiscal lo negaba, invocando la existencia de actos procesales con eficacia interruptora, y la Sala le da la razón en este punto, aprovechando para reafirmar la frontera entre lo que interrumpe la prescripción y lo que no.

Con cita de la STS 726/2020 y de la STS 145/2018, recuerda que solo poseen virtualidad interruptora las resoluciones dotadas de auténtico contenido sustancial —reveladoras de la puesta en marcha o del avance real del procedimiento—, y no las diligencias inocuas, «de relleno» o meramente formales, ni las dirigidas a la simple localización física del responsable ya identificado, como las requisitorias o las órdenes de busca y captura. Sobre esa base, atribuye contenido interruptor tanto a la decisión sobre la competencia —instrumental respecto de la propia persecución— como a la actividad procesal dirigida a verificar si los hechos estaban o no prescritos. No son trámites vacíos: encauzan el proceso hacia su prosecución. Existían, pues, actos interruptores intermedios, y la paralización única y prolongada que denunciaba el recurso no era tal.

El dato que inclina la balanza: el plazo vigente al tiempo de los hechos

Y es aquí, en un plano estrictamente temporal, donde se decide el recurso. Reconocidos esos actos interruptores, la paralización se fracciona en dos periodos: el primero, entre el auto del Tribunal Supremo que resolvió la cuestión de competencia (octubre de 2009) y la remisión de las actuaciones al juzgado de Madrid finalmente competente (junio de 2013); el segundo, entre el traslado al Fiscal para informe sobre la prescripción (junio de 2013) y el auto que la descartó, reanudando la investigación (julio de 2015). Ninguno de los dos alcanzaba los cinco años con los que partes y tribunal venían operando. La prescripción parecía, de nuevo, descartada.

Pero la Sala detecta el dato que a todos había pasado inadvertido: el plazo de cinco años no era el aplicable. Los hechos se cometieron en diciembre de 2007, bajo la redacción originaria del art. 131 del Código Penal, que fijaba en tres años —no en cinco— la prescripción de los delitos menos graves; categoría en la que se inscribe la estafa básica del art. 249 CP, castigada con pena de prisión de seis meses a tres años. La elevación de los plazos introducida por la Ley Orgánica 5/2010 es posterior a los hechos y, por desfavorable, no podía aplicarse retroactivamente sin vulnerar los arts. 9.3 CE y 2 CP.

Bastaba, por tanto, una paralización superior a tres años. Y el primero de los dos periodos —holgadamente por encima de los tres años y medio— la rebasaba sin dificultad. De ahí la absolución por prescripción, que la Sala acuerda estimando el motivo «aunque su argumentación no fuera certera»: el recurrente había invocado una paralización quinquenal inexistente, pero el resultado se alcanza por la vía correcta, que el Tribunal aplica de oficio.

Por qué importa

La enseñanza trasciende el caso, aunque conviene tomarla en su justa medida. La sentencia no abre la puerta a fragmentar la prescripción en cualquier trama colectiva: la regla del arrastre sigue rigiendo cuando los hechos están materialmente entrelazados. Lo que fija es un límite de sentido común, anclado en el principio de personalidad de la responsabilidad penal: la conducta aislada y no reiterada de un partícipe marginal no puede mantenerse artificialmente viva por la actividad —más grave o más prolongada— de quienes sí vertebraron la trama. En la práctica de los delitos económicos de larga instrucción, con intervinientes de muy desigual implicación, esa frontera puede separar una condena de una absolución.

Y deja una segunda lección, menos doctrinal pero igual de valiosa: la prescripción se computa con el plazo vigente al tiempo de los hechos, y un descuido sobre cuál era ese plazo puede decidir el pleito.

En Antolín Bureau seguimos de cerca la evolución de la jurisprudencia de la Sala Segunda, persuadidos de que el dominio de estos matices —los que separan una condena de una absolución— es lo que distingue una intervención verdaderamente técnica en derecho penal, ya se actúe desde la acusación o desde la defensa.

Ficha de la resolución. Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia núm. 379/2026, de 3 de junio de 2026. Recurso de casación núm. 3213/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

La presente nota tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Los datos personales y societarios han sido omitidos conforme a la normativa de protección de datos.

La Audiencia Provincial de Madrid condena a una entidad bancaria a indemnizar a nuestro cliente (una empresa) con la cantidad de 112.000 euros que previamente dicha entidad había liquidado en su contra fruto de un “swap” o “permuta financiera” y además, 12.000 adicionales para resarcirle de todos los intereses, comisiones y gastos de un préstamo que dicho cliente hubo de solicitar para poder hacer frente a la cancelación del swap.

La principal peculiaridad del caso es que ante la caducidad de las acciones de nulidad por superar el plazo de cuatro años (el swap se canceló en 2009 y la demanda se formuló en seis años después), el tribunal estima la acción de responsabilidad civil contractual, la cual está sujeta a un plazo de quince años, abriendo el camino para que nuevos clientes puedan reclamar sus inversiones perdidas por productos financieros antiguos y ya cancelados, superando de este modo los rígidos plazos de caducidad que exigen las acciones de nulidad.

Por otro lado, por su importancia es de destacar el segundo pronunciamiento de la sentencia, ya que además de condenar a la entidad a la restitución de todos los cargos efectuados fruto del swap, extiende la indemnización a todos los intereses, gastos y comisiones bancarias que el cliente hubo de abonar para devolver un préstamo que había solicitado al mismo banco con el fin de poder pagar la cancelación del swap.

            El Ministerio Fiscal señala que nuestro cliente cometió un delito de hurto grave por la sustracción de terminales de telefonía móvil. Sin embargo, y así lo estableció el Tribunal, las pruebas practicadas no fueron suficientes para considerar que nuestro cliente realizara dicho delito de hurto del que se le acusa.

            Además, tras estimar la estrategia de defensa dirigida por nuestro letrado, el tribunal consideró que las contradicciones manifestadas por los testigos (vigilantes de seguridad etc.) son palmarias e insalvables y como informó nuestra defensa “aunque el testigo afirmó no tener ninguna relación de amistad o enemistad con el acusado, la forma en la que se dirigía al mismo inhabilita al testigo, ya que no puede considerársele imparcial por los prejuicios manifestados sobre nuestro cliente.”